SOBERANÍA NACIONAL Y POPULAR
EN EL BICENTENARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
La conmemoración del Bicentenario del Grito de Independencia del 20 de Julio de 1810 nos invita a reflexionar en torno al significado y la concreción de un asunto que suele estar vinculado: el asunto de la Soberanía. De esta manera, habríamos de iniciar con la pregunta ¿qué es Soberanía? Y continuar con las de ¿cuál es la importancia de la Soberanía?, ¿cuál es la situación en la que se encuentra este asunto de la Soberanía en nuestro país después de 200 años de vida republicana? Y, finalmente, la de ¿qué es necesario para que se construya y fortalezca la Soberanía Nacional y Popular en Colombia?
UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SOBERANÍA
Podríamos pensar, en primer lugar, que la Soberanía se define como el ejercicio exclusivo de la autoridad sobre un determinado territorio nacional por parte de un Estado, ejercicio que excluye la intromisión de cualquier otra autoridad civil y militar, tanto extranjera como interna, en dicho territorio. Sin embargo, con el objetivo de no quedarnos en una definición meramente formal de Soberanía, se hace necesario preguntarnos por la forma de existencia, de funcionamiento y de orientación de la mencionada autoridad; es decir, por el quién, de qué manera lo hace y con qué propósitos y en beneficio de quién la ejerce: en ese sentido, debemos afirmar que la Soberanía implica también la cada vez más efectiva y democrática participación del pueblo –de los diferentes sectores sociales que lo integran- en la discusión y la toma y ejecución de las decisiones referentes a la solución de sus más diversos problemas, es en si misma poder popular, por supuesto, con el fin de mejorar las condiciones de vida, garantizando la conquista del bienestar de la totalidad de la población de la Nación.
Entonces, un concepto íntegro de Soberanía incorpora aspectos no solamente políticos o político-militares sino también los aspectos económicos, sociales y culturales. Así, nos proponemos llevar a cabo un breve balance de la historia y de la actualidad de nuestro país, teniendo como referencia este entendimiento del asunto de la Soberanía.
LA SOBERANÍA COLOMBIANA A TRAVÉS DE SU HISTORIA
Desde el mismo proceso independentista que se da entre 1810 y 1819, nuestra Soberanía Nacional ha tenido muy fuertes enemigos tales como los gobiernos y las empresas de las potencias imperialistas –Inglaterra en el siglo XIX y los Estados Unidos en el siglo XX y lo que va corrido del XXI- en estrecha conexión con la oligarquía nacional de terratenientes, grandes comerciantes y agentes financieros, en la medida en que las dinámicas de sus negocios internos y transnacionales y de su consiguiente dominación política, nacional y mundial, exigen la preservación de las condiciones de dependencia económica, política e incluso cultural de nuestro país –junto con los demás países de Nuestra América Latina- con respecto a los centro imperiales del capitalismo.
De esta manera se puede explicar el interés del Imperio Británico en “apoyar” la Campaña Libertadora, puesto que su éxito les garantizaba el acceso privilegiado a nuestros recursos naturales y nuestros mercados. Por su parte, sus socios de la oligarquía criolla que coparon las posiciones del gobierno fueron los mismos que derrotaron a los artesanos a mediados del siglo XIX y los redujeron a una tremenda situación de pobreza mediante la competencia de mercancías más baratas importadas de Inglaterra; la misma oligarquía que se lucraba con las exportaciones de tabaco, quina, añil y oro entre otros –y luego de café-, extraídos de las haciendas y las minas a partir de la explotación cuasi-servil de la fuerza de trabajo de campesinos, de indígenas y de afro-descendientes recién emancipados, o mediante la subordinación de los pequeños propietarios a las exigencias de tales propietarios de dichas haciendas y minas.
Igual motivación marca el sentido de la Doctrina Monroe formulada en 1823 –aquella que se enuncia como “América para los *norte+americanos”- y el de la Doctrina del Destino Manifiesto de principios del siglo XX, planteadas ambas por los Estados Unidos y puestas en práctica a partir de la
intervención que condujo a la separación de Panamá y al rapto norteamericano del Canal, así como también a la protección a sangre y fuego de las inversiones de las empresas exportadoras de banano –United Fruit Co- y del petróleo –Tropical Oil Co-: recordemos, por ejemplo, el tratamiento que el Estado colombiano daba en la década de 1920 a la protesta obrera y popular en diferentes puntos del territorio nacional, destacándose la represión de la protesta en la zona de explotación petrolera de Barrancabermeja y la tristemente célebre masacre de las bananeras de 1928 en Ciénaga.
En el contexto de la Guerra Fría –desde mediados del siglo XX-, la conexión entre la oligarquía nacional y las fuerzas imperiales estadounidenses adoptó la denominación de Doctrina de Seguridad Nacional y ésta estuvo acompañada por el programa de “cooperación” económica llamado Alianza para el Progreso. El propósito de ambas políticas fue el de deslegitimar y coptar o reprimir todo tipo de oposición política y de denuncia de las condiciones de desigualdad e injusticia social en los diferentes países de Nuestra América Latina: resultado de la ejecución de semejantes políticas fue, por una parte, la imposibilidad de la superación de las características estructurales del subdesarrollo y de la dependencia, situación en la cual la oligarquía interna se beneficia como socio menor de las empresas transnacionales o encargándose de aquellos negocios o mercados poco atractivos para las mismas. Por otra parte, ante el ascenso de la organización y de las luchas sociales de las décadas de 1960 y 1970 se hizo uso de las dictaduras militares –que existieron incluso hasta 1990- y la puesta en marcha del Terrorismo de Estado, estrategias imperialistas-oligárquicas que segaron las vidas de millones de seres humanos a manos de la violencia militar política y económica.
Junto con ello, en la medida en que se ejercía la violencia estatal en contra del pueblo, en las décadas de 1980 y 1990 los sectores políticos más retardatarios del planeta lograron acabar con diversas experiencias socialistas y alternativas y, en medio de la manipulación mediática, introdujeron las reformas conducentes a la implementación del modelo neoliberal a nivel global; reformas que han debilitado el aparato productivo nacional –no sólo en Colombia y América Latina-, particularmente en lo que se refiere a su capacidad para la generación de empleo en condiciones de dignidad para las trabajadoras y los trabajadores, han provocado el aumento
de la concentración de la riqueza, de la desigualdad de oportunidades para la satisfacción de las necesidades de las colombianas y los colombianos y, por la misma vía, han llevado a magnitudes escandalosas los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país.
A su vez, este conjunto de reformas en la política económica está acompañado por una propuesta político-militar esbozada en la Iniciativa para las Américas de George Bush padre, en la que se plantea también la negociación del ALCA –Área de Libre Comercio para las Américas- y complementada por la política de la llamada Lucha contra el Terrorismo de George Bush hijo. En concordancia con estas estrategias imperialistas, se formuló y comenzó a ejecutarse el Plan Colombia –cuyo componente social es bastante ambiguo- a la vez que se ha venido negociando con mucha intensidad por parte del gobierno colombiano, ante el fracaso del ALCA y las negociaciones en bloque de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y los Estados Unidos y otro más con la Unión Europea –igualmente inspirados en la dogmática neoliberal. Recientemente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidió firmar un acuerdo en que se reitera el permiso para la presencia y el empleo de instalaciones militares por parte de tropas y mercenarios estadounidenses, brindándoles total inmunidad e impunidad a los miembros de dicho ejército de invasión: esto último se encuentra a tono con la defensa privilegiada de las inversiones extranjeras que han venido llegando hacia los sectores de extracción de recursos mineros, de producción de agro-combustibles, de monopolización de los recursos hídricos y de las telecomunicaciones y de explotación de la biodiversidad, sectores que se identifican como estratégicos dentro de la apuesta económica de la oligarquía interna en su conexión con las empresas transnacionales.
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y POPULAR
Continuar por el mismo camino implicaría renunciar al ejercicio de nuestra Soberanía y, por esa vía, profundizar la problemática arriba mencionada, implicaría aceptar pasivamente la fragmentación de los tejidos sociales de las diferentes comunidades que hacen parte de la Nación colombiana y, con ello, implicaría aplazar todavía más la superación estructural del subdesarrollo y la solución estructural del conflicto social y armado que padece el país.
En ese sentido, es necesario llevar a cabo una ruptura con respecto a este modelo de gestión económica y de dominación política; es necesario replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad –las comunidades que existen en ella- y la economía, es necesario abandonar la dogmática neoliberal que nos dice que los mercados se regulan a sí mismos y que son el mejor mecanismo para la asignación de los recursos. Por el contrario, debemos reconocer que la actual crisis económica mundial es la crisis de dichos mercados auto regulados y, a partir de este reconocimiento, debemos afirmar que la existencia del Estado no puede tener sentido sino en virtud del cumplimiento de una función social que le exija constituirse como promotor de las capacidades productivas y como garante efectivo de la realización de los Derechos Sociales de las colombianas y los colombianos; o sea, en cuanto que contribuya con la realización de nuestro proyecto de Soberanía Nacional y Popular.
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos:
POLÍTICA BÁSICA DE SOBERANÍA NACIONAL:
1. Es fundamental que el Estado colombiano abandone la actual estrategia de guerra contra el pueblo colombiano, en la cual se vale de elementos militares y paramilitares. En este sentido, es preciso desmontar el Plan Colombia y la política de la mal llamada “lucha contra el terrorismo” y derogar el acuerdo de ocupación militar suscrito con el gobierno de los Estados Unidos que profundiza la guerra y no contribuye con su solución. Es decir, construir una política soberana que sólo puede iniciar con el diálogo para la solución política del conflicto social y armado, diálogo en el cual participen los más diversos sectores de la sociedad colombiana.
Del mismo modo, deben llevarse a cabo cambios profundos en la política anti-drogas, los cuales conduzcan al abandono de su énfasis punitivo y presten más cuidado a la prevención del consumo y atención médica de la drogadicción. Igualmente, se debe abandonar la práctica de la erradicación por la vía de la fumigación de cultivos, ya que ésta atenta contra el eco-sistema y contra la vida de los miembros de muchas de las comunidades campesinas colombianas. Más bien, el Estado debe brindar garantías para que tales comunidades puedan participar en un proceso de sustitución de
cultivos que les permita acceder a mayores recursos materiales e inmateriales y, así, conseguir su bienestar.
Todo ello pasa por la construcción de relaciones internacionales orientadas más hacia el multilateralismo y menos hacia el bilateralismo o dependencia respecto de los Estados Unidos; un nuevo tipo de relaciones internacionales que tengan como principal referencia y objetivo la Unidad de Nuestra América Latina en el marco del respeto y promoción de la Soberanía, la Autodeterminación, la Paz y la Solidaridad de nuestros pueblos y en diálogo fraterno con los demás pueblos del mundo, en actitud de combate frontal y permanente contra el imperialismo y cualquier forma de dependencia política, económica o cultural.
POLÍTICA PARA LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES:
2. El replanteamiento de la apertura comercial y del énfasis exportador del modelo económico vigente, fortaleciendo los vínculos con América Latina; puesto que la apertura unilateral de 1990 condujo a una inundación de importaciones en nuestro medio y, por esa vía, a una situación cada vez más complicada para los productores nacionales quienes competían con dichas importaciones y, como su consecuencia, las pérdidas irrecuperables de empleos en buena parte del sector manufacturero durante los últimos veinte años. Del mismo modo, los gobiernos que inician en 1990 han venido poniendo el énfasis en las exportaciones de recursos mineros y productos agrícolas que no requieren un proceso significativo de transformación y no vinculan otros sectores de la economía, haciendo evidente que el sector exportador colombiano no ha sido capaz de generar empleos masivamente y, mucho menos, empleos de calidad.
Es decir, al contrario de lo que plantean los portavoces del neoliberalismo, podemos observar cómo este modelo no ha contribuido con el aumento del bienestar de las mayorías sino al aumento de las ganancias de unas pocas empresas exportadoras de bienes primarios. Y, esta dinámica se profundizará con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, puesto que las empresas que integran la poquísima base industrial sobreviviente quedarían expuestas a condiciones más difíciles en cuanto a la competencia con empresas transnacionales,
mientras que las empresas de exportación de productos primarios seguirían beneficiándose: ni más ni menos que el retorno al modelo primario-exportador del siglo XIX, el cual está marcado por relaciones de dependencia entre el país subdesarrollado y la potencia hegemónica o metropolitana.
Por el contrario, podría llevarse a cabo una construcción de relaciones económicas internacionales más democráticas a partir de la profundización de nuestro comercio y demás relaciones económicas con nuestros vecinos más cercanos, con Suramérica en particular y América Latina en general, por supuesto, sin plantearnos una ruptura con el resto del mundo: con ellos, hasta el momento y en la medida en que se trata de países con niveles de desarrollo similares, son dinámicos tanto el comercio de manufacturas como las inversiones. Junto con ello, es necesario pensar en la elaboración y puesta en marcha, en un futuro no lejano, de planes multinacionales de desarrollo –andinos, caribeños, suramericanos y latinoamericanos- que reconozcan explícitamente la complementariedad de estas economías y aprovechen las oportunidades que esta complementariedad sugiere.
Apoyando esta nueva forma de gestión de nuestro sector externo, es bastante conveniente el establecimiento de un sistema de control de cambios y de administración de las reservas internacionales a partir del interés público nacional: su propósito debe ser, por un lado, el desestímulo al ingreso de capitales internacionales especulativos y el favorecimiento de aquellos que se destinen a la inversión productiva; por otro lado, su objetivo es fortalecer las exportaciones y promover las importaciones de máquinas e insumos que no se producen internamente y que pueden contribuir con el avance de la producción industrial y agropecuaria nacionales.
En tal medida se hace urgente la implementación de un modo de desarrollo autónomo e independiente, capaz de asimilar la tecnología de punta en el mundo y combinarla con los conocimientos ancestrales; modelo sustentado en el pleno control soberano de nuestros recursos naturales y tendiente a garantizar las expectativas y necesidades del pueblo colombiano, con perspectivas de sustentabilidad y sostenibilidad.
POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL:
3. El rediseño o reorientación del sistema financiero, cerrándole el paso a los comportamientos especulativos y poniéndolo al servicio del financiamiento de las actividades productivas. Más que el asunto del mejoramiento de los sistemas de supervisión bancaria, que también es preciso hacerlo, se trata de no seguir permitiendo que ganancias astronómicas de unos pocos se fundamenten en la miseria y el sufrimiento de las mayorías. Ha llegado el momento en que el sector financiero distribuya una buena parte de los recursos que le ha extraído ininterrumpidamente a la sociedad colombiana durante los últimos veinte años y que se han venido acumulando en sus manos. Con tal propósito, debe organizarse un sistema financiero que facilite el acceso al crédito con criterios de justicia económica y en concordancia con las necesidades de financiamiento de las diferentes actividades productivas y de los diversos sectores sociales. Esto significa que la tasa de interés no puede seguir siendo un instrumento de expropiación de la riqueza a favor del sector financiero y, por lo tanto, que el Estado debe diseñar mecanismos de control efectivo sobre la misma.
Parte clave de este rediseño o reorientación del sistema financiero pasa por la reestructuración de la política de endeudamiento público, trascendiendo los meros criterios de sostenibilidad financiera y posibilitando la autonomía del gasto público respecto del pago de la deuda. Para ello, debe llevarse a cabo un riguroso proceso de auditoría de la deuda pública, con el objetivo de determinar la naturaleza de las obligaciones financieras en que ha incurrido el Estado colombiano en los últimos veinte años y, en particular, durante los últimos dos períodos presidenciales. Su resultado será la discriminación entre, por una parte, deuda ilegítima, que debe repudiarse y no pagarse y, por otra, la deuda legítima, que será objeto de renegociación en términos de que la prioridad de gasto público debe ser la financiación de la política social, de la inversión en infraestructura y de la promoción de las capacidades productivas nacionales.
Junto con ello, es primordial la realización de una reforma tributaria estructural, la cual promueva una equitativa distribución de la riqueza; es decir, una reforma que marque el acento en los impuestos directos más que en los indirectos: no puede seguir sucediendo que la mayor parte del peso del financiamiento del Estado repose en los hombros de los más pobres mientras que la oligarquía sigue siendo la mayor o única beneficiaria de la actividad estatal. O sea, no puede seguir ampliándose la base y la tasa de
cobro del IVA, no puede seguir existiendo indefinidamente el impuesto a las transacciones financieras, no puede seguir incrementándose la sobretasa a la gasolina, impuestos que terminan pagando la totalidad de las colombianas y los colombianos, mientras que la reducida minoría de grandes propietarios son favorecidos con exenciones, excepciones, subsidios y demás.
Más bien, la función de la tributación debe ser la redistribución de la riqueza en pos de la equidad, dándole contenido cierto al mandato constitucional de construcción de un Estado Social de Derecho para Colombia, traduciéndose en el hecho de que quienes más riqueza reciben de la sociedad le retribuyan a la misma una parte de esos recursos y ésta, a través del Estado, asigne dichos recursos abriendo oportunidades a quienes no cuentan con ellas, en procura de la superación de las dinámicas de pobreza, miseria y exclusión.
Sin embargo, con el fin de fortalecer estas nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad colombiana y el sector financiero se hace fundamental la reforma del régimen del Banco Central, ampliando sus funciones hacia la articulación de la política monetaria con las políticas de industrialización, de promoción de las exportaciones y de fomento a la producción agropecuaria. Por tal motivo, a la Junta Directiva del Banco de la República debe permitírsele abandonar su obsesión con la lucha contra la inflación y comprometérsele con el desarrollo de las fuerzas productivas de la Nación. Para ello, aun conservando su autonomía, esta entidad debe estar más articulada al diseño y ejecución de la política económica y, a su vez, contar con herramientas más potentes para el desempeño de sus funciones, en particular en lo que respecta a los temas crediticios y cambiarios. Así mismo, a partir de múltiples mecanismos, deberá ejercerse una orientación y control democrático sobre la gestión de la misma.
POLÍTICA SECTORIAL:
4. La generación de una política de industrialización articulada con una política de fomento a la producción agropecuaria: es necesario fortalecer una base industrial que, aparte de proveer las mercancías para el consumo de las colombianas y los colombianos y para la exportación, también sea una fuente de generación masiva de empleo, poniendo énfasis en el empleo de calidad. Una base industrial que, a su vez, tenga como uno de sus criterios básicos de
funcionamiento el respeto y el mejoramiento del eco-sistema en cada una de las regiones y localidades en que se establezca, a través de la utilización cada vez más protagónica de sistemas tecnológicos no contaminantes: por supuesto, esto último exige un esfuerzo por el desarrollo de este tipo de tecnologías, en términos financieros, investigativos, de aprendizaje, implementación y asistencia. Así mismo, es imprescindible el diseño y puesta en marcha de una política de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa que les posibilite su articulación entre sí y con respecto a grandes empresas privadas y públicas, en sectores de producción de alimentos, de materias primas, de manufacturas y de servicios de elevado contenido tecnológico, propiciando encadenamientos productivos intersectoriales.
Del mismo modo, la producción agropecuaria debe tener como propósito la seguridad y soberanía alimentarias, esto es el pleno abastecimiento interno de alimentos y también buena parte del abastecimiento de materias primas. En este sentido, la política estatal debe privilegiar los cultivos para la producción de alimentos y garantizar la posibilidad de llevar a cabo este tipo de producción combinando diferentes formas de propiedad privada, estatal y colectiva, favoreciendo condiciones de vida digna para las comunidades campesinas y de mejoramiento continuo de la situación laboral y del entorno social de las trabajadoras y los trabajadores asalariadas y asalariados rurales. Por supuesto, como requisito previo de esta nueva organización del campo colombiano se hace ineludible la realización de una reforma agraria, la cual no sólo distribuya la propiedad territorial sino que también permita la apropiación de herramientas y formas de producción que faciliten y hagan más fructífero este tipo de actividad.
También, se hace obligatoria la reestructuración de la política de hidrocarburos y de la política referente a los demás recursos mineros, a los recursos hídricos, los relacionados con la biodiversidad y con las telecomunicaciones, con miras al manejo soberano de estos recursos estratégicos, pues se debe pasar de la simple extracción y exportación o explotación monopólica a la transformación productiva y el aprovechamiento nacional y popular de los mismos, garantizando la vinculación de empresas nacionales, privadas y públicas, y el beneficio de la población colombiana. Con ese propósito, se hace urgente la revisión de los términos de los contratos de concesión de su explotación, renegociándolos o cancelándolos en los casos a que haya lugar, en la búsqueda de proteger y mejorar la
calidad del empleo de las trabajadoras y los trabajadores de esas explotaciones, el bienestar de las comunidades circundantes y el eco-sistema de las regiones en cuestión.
POLÍTICA SOCIAL:
5. La organización de un régimen de contratación laboral fundamentado en la promoción de la estabilidad y el reconocimiento y garantía de las demás condiciones y derechos característicos del trabajo decente: en la medida en que reconocemos que la riqueza no surge sino a través de la aplicación del trabajo sobre diversos objetos, materias primas, información, etc., en esa misma medida, reconocemos que debe promoverse el mejoramiento permanente de la calidad de vida de los seres humanos que realizan este ejercicio. Porque son las trabajadoras y los trabajadores quienes crean la riqueza: entonces, no solamente deben ser bien remunerados en términos monetarios sino que deben contar con garantías técnicas, económicas y sociales para el cumplimiento de su labor y para el pleno desarrollo de sus capacidades y el disfrute de su vida misma. Del mismo modo, la política estatal debe tener como uno de sus objetivos más importantes la eliminación del desempleo, sin descontar la ayuda que puede brindar una política amplia de ingreso mínimo o subsidio a los desempleados, puesto que este fenómeno no sólo se traduce en una ausencia de ingresos para las desempleadas y los desempleados sino también en un atentado a su autoestima y dignidad.
En ese sentido, es precisa la realización de una reforma al sistema de protección social, en donde los recursos financieros del mismo sean controlados por el Estado y su administración tenga como objetivo, en lugar de la obtención de ganancias para los especuladores privados, la mejoría del bienestar de la población. Es decir, un sistema de protección social fundamentado en principios de universalidad y de solidaridad intergeneracional y entre los diferentes sectores sociales; un sistema en el cual se contemplen y atiendan en su integridad las diversas problemáticas propias de los momentos de la niñez, la juventud, la madurez y la vejez de mujeres y de hombres; un sistema que haga énfasis en la prevención de la enfermedad y en donde los seres humanos no se consideren como usuarios o clientes sino como pacientes a quien debe respetarse su dignidad.
Además, es fundamental la edificación de un sistema nacional de educación que integre los niveles básico, medio y superior técnico, tecnológico y profesional, un sistema en el cual se fortalezca la educación pública y el acceso por parte de todas y todos las niñas y los niños, las y los jóvenes. Un sistema que promueva la generación de competencias y la apropiación de los valores de una sociedad democrática. Pero que contribuya no solamente con las competencias laborales sino también con la formación de ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y creativos, más allá de tratar a estas colombianas y estos colombianos como simples datos que presentan éxitos en cuanto a aumentos de la cobertura y contribuyen con la mentirosa legitimación de la gestión de la política social. Un sistema educativo que no excluya a quienes no poseen recursos y que no los condene a ingresar en instituciones, mercantiles más que educativas, que ofrecen programas de baja calidad y que, por eso mismo, reproducen las brechas de ingresos entre las distintas categorías ocupacionales.
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA ECONÓMICA:
6. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Planeación desde una perspectiva no tecnocrática, en la que cobre cada vez mayor importancia la participación ciudadana y se puedan expresar las dinámicas regionales en la elaboración, ejecución y control de los planes de desarrollo locales y nacionales. En este sistema deben expresarse los intereses de los diferentes sectores sociales y económicos, los intereses de las distintas regiones y de la diversidad de comunidades que integran la Nación colombiana, con el objeto de que la concepción, el diseño y la ejecución de la política económica sea el resultado de la discusión política en torno a ella, y su puesta en marcha y mecanismos de control sean lo más representativos y participativos posibles. Aquí ratificamos que no se trata de soslayar las diferencias existentes o de rechazar la pluralidad de formas de vida y de pensamiento en función de una homogeneización autoritaria, por el contrario de lo que se trata es justamente de la construcción de una sociedad en donde se asegure a sus ciudadanos “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana” .
Documento final
Soberanía Nacional
EN EL BICENTENARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
La conmemoración del Bicentenario del Grito de Independencia del 20 de Julio de 1810, implica analizar el significado y la concreción del asunto de la Soberanía. Precisamente, uno de los grandes legados del Libertador Simón Bolívar, fue el de defender la Soberanía Nacional pero sin desligarla de la Soberanía Popular, pues la unión de éstos dos conceptos implica la efectiva y democrática participación del pueblo –de los diferentes sectores sociales que lo integran-, en la discusión, toma y ejecución de las decisiones referentes a la solución de sus más diversos problemas.
Por lo tanto podemos afirmar que es en sí misma poder popular, dirigido a mejorar las condiciones de vida y a garantizar la conquista del bienestar de toda la población de la Nación. Entonces, un concepto íntegro de Soberanía reúne aspectos no solamente políticos o político-militares sino también económicos, sociales, culturales y ambientales.
Éste legado del Libertador, nos invita al mismo tiempo a reflexionar sobre cómo nuestro país se ha enfrentado históricamente a la pérdida de su Soberanía Nacional y Popular y, de qué manera podemos contrarrestar este hecho que a su paso ha generado tantas y nefastas consecuencias.
LA SOBERANÍA COLOMBIANA A TRAVÉS DE SU HISTORIA:
Desde el mismo proceso independentista que se da entre 1810 y 1830, nuestra Soberanía Nacional ha tenido muy fuertes enemigos: los gobiernos y las empresas de las potencias imperialistas (Inglaterra en el siglo XIX y los Estados Unidos en el siglo XX y lo que va corrido del XXI), en estrecha conexión con la oligarquía nacional de terratenientes, grandes comerciantes
y la burguesía financiera, puesto que las dinámicas de sus negocios necesitan que otras naciones dependamos de ellas económica, política e incluso culturalmente.
De esta manera se puede explicar el interés del Imperio Británico en “apoyar” la Campaña Libertadora, puesto que su éxito les garantizaba el acceso privilegiado a nuestros recursos naturales y a nuestros mercados. Precisamente, sus socios de la oligarquía criolla que coparon las posiciones del gobierno, fueron los mismos que derrotaron a los artesanos a mediados del siglo XIX y, los redujeron a una tremenda situación de pobreza mediante la competencia de mercancías más baratas importadas de Inglaterra.
Hablamos de la misma oligarquía que se lucraba con las exportaciones de tabaco, quina, añil y oro entre otros –y luego de café-, extraídos de las haciendas y las minas a partir de la explotación cuasi-servil de la fuerza de trabajo de campesinos, de indígenas y de afro-descendientes recién emancipados o, mediante la subordinación de los pequeños propietarios a las exigencias de los potentados de dichas haciendas y minas.
Igual motivación marca el sentido de la Doctrina Monroe formulada en 1823 –aquella que se enuncia como “América para los *norte+ americanos”- y el de la Doctrina del Destino Manifiesto de principios del siglo XX, planteadas ambas por los Estados Unidos y puestas en práctica a partir de la intervención que condujo a la separación de Panamá y al rapto norteamericano del Canal.
También a la protección a sangre y fuego de las inversiones de las empresas exportadoras de banano –United Fruit Co- y del petróleo –Tropical Oil Co-: recordemos, por ejemplo, el tratamiento que el Estado colombiano daba en la década de 1920 a la protesta obrera y popular en diferentes puntos del territorio nacional, destacándose la represión de la protesta en la zona de explotación petrolera de Barrancabermeja y la tristemente célebre masacre de las bananeras de 1928 en Ciénaga (Magdalena).
En el contexto de la Guerra Fría –desde mediados del siglo XX-, la conexión entre la oligarquía nacional y las fuerzas imperiales estadounidenses adoptó la denominación de “Doctrina de Seguridad Nacional”, que estuvo acompañada por el programa de “cooperación” económica llamado “Alianza
para el Progreso”. El propósito de ambas políticas fue el de deslegitimar y reprimir todo tipo de oposición política y de denuncia de las condiciones de desigualdad e injusticia social en los diferentes países de Nuestra América Latina.
LA INTRVENCIÓN MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO NACIONAL:
Al mismo tiempo, en cada suceso de este relato, el Estado, auspiciado principalmente por los Estados Unidos, ha hecho uso de la violencia como respuesta al ascenso de la organización y de las luchas sociales. De manera especial desde la década de 1960 hasta hoy, el Terrorismo de Estado ha sido una estrategia conformada y ejecutada entre los imperialistas y los oligarcas nacionales, que ha segado las vidas de millones de seres humanos por medio de la violencia militar, política y económica.
Uno de los asuntos que más le ha interesado a la Casa Blanca es el militar, el cual ha sido ejecutado bajo los parámetros de la “Seguridad Nacional”, que no es más que una de las estrategias para lograr su expansión por América Latina, además de servirle de puente a las grandes multinacionales, garantizándoles la expropiación de nuestros recursos naturales.
Bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional”, se han ejecutado planes macabros que lo único que han logrado es la agudización del conflicto social, político y armado que afronta el país. Estrategias militares como: el “Plan Laso” (Latin American Segurity Operation), en los años 60; el “Estatuto de Seguridad”, bajo el Gobierno de Turbay Ayala; el “Plan de Seguridad Integral”, durante el gobierno de César Gaviria; el “Plan Colombia” en la presidencia de Andrés Pastrana”, hasta el “Plan Patriota” y la “Seguridad Democrática”, de Álvaro Uribe Vélez.
Recientemente, el gobierno Uribe, sin respetar lo estipulado en la constitución política y sin darle cabida al pueblo para decidir sobre un asunto tan importante, decidió firmar un acuerdo en el que se reitera el permiso para la presencia y el empleo de instalaciones militares por parte de tropas y mercenarios estadounidenses, imponiendo siete (7) bases militares norteamericanas en nuestro territorio, convirtiendo a Colombia en un enclave de las fuerzas militares estadounidenses.
Este hecho se agrava aún más ante la imposibilidad de juzgar a los soldados del país invasor por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o delitos que hayan cometido en el territorio nacional, es decir, el Estado colombiano les brinda total inmunidad e impunidad a los miembros de dicho ejército de invasión.
Toda esta estrategia económica y militar, da cuenta de cómo Colombia, desde hace mucho tiempo no cuenta con Soberanía, la perdió desde que sus gobernantes dieron la posibilidad a las potencias del mundo, -primero Inglaterra y luego Estados Unidos-, de invadir económica y/o militarmente el territorio colombiano.
LA SOBERANÍA COLOMBIANA EN LA ACTUALIDAD:
Junto con ello, en la medida en que se ha ejercido la violencia estatal en contra del pueblo, en las décadas de 1980 y 1990 los sectores políticos más retardatarios del planeta lograron acabar con diversas experiencias alternativas y, en medio de la manipulación mediática, introdujeron las reformas conducentes a la implementación del modelo económico neoliberal a nivel global.
A su vez, este conjunto de reformas en la política económica está acompañado por una propuesta político-militar esbozada en la “Iniciativa para las Américas” de George Bush padre, en la que se plantea también la negociación del ALCA –Área de Libre Comercio para las Américas- y, complementada por la política de la llamada “Lucha contra el Terrorismo” de George Bush hijo. En concordancia con estas estrategias imperialistas, se formuló y comenzó a ejecutarse el Plan Colombia –cuyo componente social es bastante ambiguo-.
Ante el fracaso del ALCA en el 2005, nuestro país ha venido negociando Tratados de Libre Comercio (TLCs): uno con los Estados Unidos y otro con la Unión Europea, ambos inspirados en el modelo económico neoliberal.
El neoliberalismo ha debilitado el aparato productivo nacional, particularmente en lo que se refiere a su capacidad para la generación de empleo en condiciones de dignidad para las y los trabajadores, ha provocado
el aumento de la concentración de la riqueza, de la desigualdad de oportunidades para la satisfacción de las necesidades de los colombianos y, por la misma vía, ha llevado a cantidades escandalosas los fenómenos de la pobreza y la indigencia en nuestro país.
Esto último se encuentra a tono con la defensa privilegiada de las inversiones extranjeras que han contribuido a crear un verdadero “modelo” extractivista, dedicado al saqueo de recursos mineros, de producción de agro-combustibles, de monopolización de los recursos hídricos y de las telecomunicaciones y, de explotación de la biodiversidad, sectores que se identifican como estratégicos dentro de la apuesta económica de la oligarquía interna en su conexión con las empresas transnacionales.
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y POPULAR:
Continuar por el mismo camino implicaría renunciar al ejercicio de nuestra Soberanía y, por esa vía, profundizar la problemática mencionada. Implicaría aceptar pasivamente la fragmentación de los tejidos sociales de las diferentes comunidades que hacen parte de la Nación colombiana y, con ello, aplazar todavía más la superación estructural del subdesarrollo y del conflicto social, político y armado que padece el país.
En ese sentido, es necesario llevar a cabo una ruptura con respecto a este modelo de gestión económica y de dominación política y militar; es necesario replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad –las comunidades que existen en ella- y la economía, es necesario abandonar el modelo neoliberal que nos dice que los mercados se regulan a sí mismos y que son el mejor mecanismo para la asignación de los recursos, es necesario que las Fuerzas Militares se pongan al servicio de los intereses del pueblo colombiano, es necesario que las leyes y normas que rijan los destinos de los colombianos sean decididas entre todos y todas y, dejen de ser imposiciones que vienen desde otros países.
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos:
HACIA UNA DEMOCRACIA ECONÓMICA
NUEVA POLÍTICA COMERCIAL:
1. Para empezar se debe replantear la apertura comercial y el énfasis exportador del modelo económico vigente, fortaleciendo los vínculos con América Latina.
2. Se hace indispensable frenar las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (con Estados Unidos y con la Unión Europea), puesto que implementarlos, significaría el retorno al modelo primario-exportador del siglo XIX, el cual está marcado por relaciones de dependencia del país subdesarrollado a la potencia hegemónica o metropolitana.
3. En cambio, podría llevarse a cabo una construcción de relaciones económicas internacionales más democráticas, a partir de la profundización de nuestro comercio y demás relaciones económicas con nuestros vecinos más cercanos, con Suramérica en particular y América Latina en general, lógicamente, sin plantearnos una ruptura con el resto del mundo.
4. Es necesario pensar en la elaboración y puesta en marcha, en un futuro no lejano, de planes multinacionales de desarrollo –andinos, caribeños, suramericanos y latinoamericanos- que reconozcan explícitamente la complementariedad de estas economías y aprovechen las oportunidades que esta complementariedad sugiere.
5. Apoyando esta nueva forma de gestión de nuestro sector externo, es conveniente el establecimiento de un sistema de control de cambios y de administración de las reservas internacionales a partir del interés público nacional, que desestimule el ingreso de capitales internacionales especulativos y favorezca aquellos que se destinen a la inversión productiva.
6. En tal medida, se hace urgente la implementación de un modo de desarrollo autónomo e independiente, capaz de asimilar la tecnología de punta en el mundo y combinarla con los conocimientos ancestrales, indígenas y campesinos; modelo sustentado en el pleno control soberano de nuestros recursos naturales y tendiente a garantizar las expectativas y necesidades del pueblo colombiano, con perspectivas de sustentabilidad y sostenibilidad.
NUEVA POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL:
7. El rediseño o reorientación del sistema financiero, cerrándole el paso a los comportamientos especulativos y poniéndolo al servicio del financiamiento de las actividades productivas. Ha llegado el momento en que el sector financiero distribuya una buena parte de los recursos que le ha extraído ininterrumpidamente a la sociedad colombiana durante los últimos veinte años y que se han venido acumulando en sus manos.
8. La tasa de interés no puede seguir siendo un instrumento de expropiación de la riqueza a favor del sector financiero, por lo tanto, el Estado debe diseñar mecanismos de control efectivo sobre la misma, debe organizarse un sistema financiero que facilite el acceso al crédito con criterios de justicia económica.
9. Debe llevarse a cabo un riguroso proceso de auditoría de la deuda pública, su resultado será la discriminación entre deuda ilegítima, que debe repudiarse y no pagarse y, deuda legítima, que será objeto de renegociación para que la prioridad en el gasto público sea la financiación de la política social, de la inversión en infraestructura y de la promoción de las capacidades productivas nacionales.
10. Es primordial la realización de una reforma tributaria estructural, la cual promueva una equitativa distribución de la riqueza; es decir, una reforma que marque el acento en los impuestos directos más que en los indirectos: no puede seguir ampliándose la base y la tasa de cobro del IVA, no puede seguir existiendo indefinidamente el impuesto a las transacciones financieras (4 X mil), no puede seguir incrementándose la sobretasa a la gasolina, impuestos que terminan pagando la totalidad de las y los colombianos, mientras que la reducida minoría de grandes propietarios son favorecidos con exenciones, excepciones, subsidios y demás.
11. El Banco de la República no puede seguir siendo manejado directamente por el FMI (Fondo Monetario Internacional) sino que debe obedecer a las políticas soberanas de un nuevo gobierno nacional y popular.
NUEVA POLÍTICA SECTORIAL:
12. Así mismo, es imprescindible el diseño y puesta en marcha de una política de promoción a la micro, pequeña y mediana empresa que les posibilite su articulación entre sí y con respecto a grandes empresas privadas y públicas, en sectores de producción de alimentos, de materias primas, de manufacturas y de servicios de elevado contenido tecnológico, propiciando encadenamientos productivos intersectoriales.
13. Por su parte, la producción agropecuaria debe tener como propósito la seguridad y soberanía alimentarias, esto es el pleno abastecimiento interno de alimentos y también buena parte del abastecimiento de materias primas. La política estatal debe privilegiar los cultivos para la producción de alimentos y garantizar la posibilidad de llevar a cabo este tipo de producción combinando diferentes formas de propiedad privada, estatal y colectiva, favoreciendo condiciones de vida digna para las comunidades campesinas y de mejoramiento continuo de la situación laboral y del entorno social de las y los trabajadores asalariados rurales.
14. Como requisito previo de esta nueva organización del campo colombiano, se hace ineludible la realización de una reforma agraria, la cual no sólo distribuya la propiedad territorial sino que también permita la apropiación de herramientas y formas de producción que faciliten y hagan más fructífero este tipo de actividad.
15. Se hace obligatoria la reestructuración de la política minero-energética de la Nación, especialmente en el sector minero y de hidrocarburos, del mismo modo que se hace indispensable la elaboración de una política soberana dirigida particularmente a atender los recursos hídricos, del mismo modo que es imprescindible el armonizar éstas políticas con los asuntos ambientales relacionados con la biodiversidad y el ecosistema, con miras realizar un manejo soberano de estos recursos estratégicos, pues se debe pasar de la simple extracción y explotación monopólica a la transformación productiva y el aprovechamiento sostenible, sustentable, nacional y popular de los mismos.
16. Respecto al manejo de las nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones, es indispensable establecer una política dirigida al desarrollo de la investigación y la asimilación del conocimiento tecnológico de vanguardia en el mundo, del mismo modo que es necesaria la
nacionalización de un recurso a todas luces público como lo es el espectro electromagnético.
17. Con ese propósito, se hace urgente la revisión de los términos de los contratos de renegociándolos o cancelándolos en los casos a que haya lugar, en la búsqueda de proteger y mejorar la calidad del empleo de las y los trabajadores de esas explotaciones, el bienestar de las comunidades circundantes y el eco-sistema de las regiones en cuestión.
HACIA LA CREACIÓN DE UNA DEMOCRACIA ECONÓMICA:
18. En el Sistema Nacional de Planeación debe cobrar cada vez mayor importancia la participación ciudadana y debe articular las dinámicas regionales en la elaboración, ejecución y control de los planes de desarrollo locales y nacionales.
19. En este sistema deben expresarse los intereses de los diferentes sectores sociales y económicos, los intereses de las distintas regiones y de la diversidad de comunidades que integran la Nación colombiana, con el objeto de que la concepción, el diseño y la ejecución de la política económica, sea el resultado de la discusión participativa y decisoria en torno a ella y, su puesta en marcha y mecanismos de control sean lo más representativos y participativos posibles.
POLÍTICA BÁSICA DE SOBERANÍA NACIONAL:
20. Es fundamental que el Estado colombiano abandone la actual estrategia de guerra contra el pueblo colombiano, en la cual se vale de elementos militares y paramilitares. En este sentido, es preciso desmontar el Plan Colombia y la política de la mal llamada “lucha contra el terrorismo” y, derogar el acuerdo de ocupación militar suscrito con el gobierno de los Estados Unidos que profundiza la guerra y no contribuye con su solución.
21. Se debe construir una política soberana que sólo puede iniciar con el diálogo para la solución política del conflicto social y armado, diálogo en el cual participen los más diversos sectores de la sociedad colombiana.
22. Colombia no puede resolver sola el problema de las drogas, por lo tanto se requiere impulsar una política de alianzas internacionales que comprometa a un grupo de países del sur, quienes presionen al imperialismo para obligarlo a poner en marcha una política realista y eficiente frente al tema.
23. Internamente deben llevarse a cabo cambios profundos en la política anti-drogas, los cuales conduzcan al abandono de su énfasis punitivo y presten más cuidado a la prevención del consumo y a la atención médica de la drogadicción.
24. Igualmente, se debe abandonar la práctica de la erradicación por la vía de la fumigación de cultivos, ya que ésta atenta contra el eco-sistema y contra la vida de los miembros de muchas de las comunidades campesinas colombianas. Más bien, el Estado debe brindar garantías para que tales comunidades puedan participar en un proceso de sustitución de cultivos que les permita acceder a mayores recursos materiales e inmateriales y, así, conseguir su bienestar.
25. Todo ello pasa por la construcción de relaciones internacionales orientadas más hacia el multilateralismo y menos hacia el bilateralismo o dependencia respecto de los Estados Unidos; un nuevo tipo de relaciones internacionales que tengan como principal referencia y objetivo la Unidad y la integración de Nuestra América Latina en el marco del respeto y promoción de la Soberanía, la Autodeterminación, la Paz y la Solidaridad de nuestros pueblos y, en diálogo fraterno con los demás pueblos del mundo, en actitud de combate frontal y permanente contra el imperialismo y cualquier forma de dependencia política, económica o cultural.
